¿Libertad compartida o compartimentada?

Eleanor Roosevelt y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Derechos del Hombre) en español. Noviembre de 1949.

   “Tu libertad acaba donde empieza la del otro” Pocas frases se repiten más en la vida cotidiana. Esa y tantas otras, se instalan como criterio reflejo sin apenas evaluar lo que supone la aceptación de esa proposición. Aceptamos eso como verdadero y en cierto modo aceptamos esa visión parcelaria de las libertades, como si ésta tuviese un propietario y firmase un contrato social del cual se derivan unos derechos, pero ¿cuáles son las obligaciones?

   En el ejercicio de la libertad está implícito el ejercicio de la conciencia, la ética y por extensión, de la moral. Volvemos de nuevo a la dicotomía ontológica o teleológica y para variar, tenemos que hacer uso de ambas. Las obligaciones que antes mencionábamos pasan enteramente por el filtro de la moral y aquí es cuando surgen los problemas. De una manera aséptica, parece claro que uno tiene su espacio de libertad y debe ser respetado obligatoriamente por todos, pero eso presupone algo: que todos somos capaces de gestionar nuestra libertad y tenemos herramientas y conocimientos suficientes para ello y presupone otra cosa: que en el uso de esa libertad no se van a traspasar las libertades de los demás, pero la realidad nos muestra que no es así de sencillo. Bolívar decía que las leyes han de ser iguales para todos, pero tienen que dejar de ser igualitaristas en la medida en que la naturaleza no nos hace iguales y en la medida en que ocurran desequilibrios sociales. Es el ser humano quien debe tratar de igualar mediante leyes lo sociobiológico y lo puramente sociológico. Una sociedad es un sistema abierto complejo y las variables que circulan son demasiadas como para reducir la libertad a algo tan simplista. Así, para lograr un equilibrio social, a veces, debemos socavar el igualitarismo liberal en pro de una sociedad más justa, estable y con la mayor tasa de bienestar posible. En ese caso, el debate ontológico-moral es crucial para elevar precisamente esas tasas utilitaristas.

   Pongamos un ejemplo: la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad. Si consideramos la libertad como algo parcelario, cada persona tendría derecho a llevar o no el cinturón de seguridad. ¿Es un problema que involucra solamente a su privacidad? ¿Qué ocurre si la persona se queda tetrapléjica? La elección libre, privada e individual ha acabado por tener consecuencias públicas, y no individuales. Si a ello le sumamos que España es uno de los países con más incidencia de los accidentes de tráfico, nos hallamos ante un problema social que nos atañe a todos. No sólo por el gasto que representa, sino porque vivir condenado a una silla de ruedas tampoco es una opción moralmente defendible. El estado y la sociedad está, entonces, legitimado a preservar la vida de las personas no solamente como una obligación moral, sino también pragmática. Por ello concluimos, sin sombra de duda, que quien conduce está obligado moral y legalmente no sólo a ponerse el cinturón de seguridad, sino también a sus menores. No podemos dejarlo a juicio de quien conduce porque las consecuencias en caso de accidente no solamente son privadas. Sin embargo, hay veces que opciones personales con consecuencias personales nos incomodan moralmente. Un suicida tiene todo el derecho a disponer de su vida, pero realmente ¿no haríamos nada por impedirlo? ¿no le invitaríamos a reconsiderar su decisión si estuviera en nuestra mano? No se trata de contemplar la vida como algo sagrado o no. El debate es si una sociedad es capaz de mirar a otro lado como si de una simple elección más se tratase. La persona que se halla en esa tesitura, muchas de las veces, no se encuentra en un estado ni emocional ni cognitivo lo suficientemente rico en alternativas como para que aceptemos su decisión sin más. Diferente es el caso de las personas que solicitan la eutanasia. En ese caso, la mayoría de los argumentos en contra se basan más en actos de fe que de razón. Una persona que sólo puede ejercer sus facultades mentales e impedido en su motricidad, podemos entender que no desee vivir de esa manera ya que le resulta indigno o simplemente demasiado doloroso. Podemos inferir que el suicida, en un sentido moral o existencial, también siente dolor e indignidad, pero es una obviedad que su problema muchas de las veces tiene solución, en cambio, el que está postrado en una cama no. Por tanto, no siempre invadir el espacio privado de libertad del otro es necesariamente una injerencia inadmisible. En el caso que hemos observado, no son pocos los que queriendo acabar con su vida luego han recapacitado y han agradecido que alguien se “entrometiese” en sus asuntos y ha llevado una vida llena de sentido. En cambio, una persona impedida físicamente, serena y con plenas facultades mentales debe tener derecho a poner fin a su vida si lo necesita. Debe tener acceso a la ciencia para dejar de sufrir. Obligarle a vivir una vida que no desea vivir es una injerencia en su libertad personal inadmisible. La diferencia estriba en que tanto el suicida como el impedido físico tienen derecho a terminar con su vida y se puede tratar de hacerles reconsiderar su decisión, pero el suicida si quiere lo hará, mientras que el impedido no puede y necesita asistencia. El problema de base reside, en definitiva, que el enfoque compartimentado de la libertad no resulta demasiado útil en la medida en la que lo que se derive de ese uso tiene unas consecuencias tanto morales como pragmáticas en el resto de la sociedad. Cuando el uso de la libertad no tiene efectos en el resto de la sociedad debe ser correcta la aceptación de esa libertad como una opción personal.

La conciencia, también, puede y debe ser libre, así como la libertad de expresión, pero cuidado, que el ejercicio de la misma no nos haga caer en la trampa de tolerar lo intolerable. Y lo intolerable es tolerar que sobre una tribuna se arengue a pisotear los derechos humanos. Eso no sólo es intelectualmente ridículo de defender como un ejercicio de libertad, sino que tiene consecuencias sociales tristemente comprobables con sólo abrir un libro de historia. Consentir la incitación a la barbarie para intentar reprimir ulteriormente la libertad de los demás no es un uso simplemente exótico de la misma. Es un uso que viola las reglas del juego tanto pragmáticas como morales y por lo tanto debe ser limitado.

   Lo que se deriva de todo lo expuesto es que la libertad y el ejercicio de la misma puede implicar tanto áreas personales como públicas ulteriormente. Si estamos por un estado del bienestar con servicios públicos debemos pensar colectivamente y no circunscribir toda decisión a lo privado. El ejercicio de cada una de las libertades que involucran a terceros debe estar sujeta a revisión siempre para discriminar lo que se debe regular y lo que no. Y eso no es tarea fácil, efectivamente, pero del mismo modo que nos apoyamos en los demás y construimos sociedades que revierten en un mayor bienestar que nunca obtendríamos de manera individual, debemos estar dispuestos a debatir entre lo moral y lo pragmático. En definitiva, como animales sociales que somos, entender la libertad en toda su amplitud y matices como compartimentos estancos es una reducción pobre y absurda de la riqueza antropológica de nuestra especie y una sobresimplificación de algo tan vital e inalienable como es la libertad.

BIBLIOGRAFÍA

Alcoberro Pericay, R. (2009) Los principales modelos de ética: ¿Cómo me tendría que comportar?¿Qué debería hacer? Barcelona: UOC

Stuart Mill John – Sobre la libertad.pdf. (s. f.). Recuperado a partir de http://www.ateismopositivo.com.ar/Stuart%20Mill%20John%20-%20Sobre%20la%20libertad.pdf

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